Las listas de espera quirúrgicas en Madrid, bajo la lupa: la práctica que ya nadie niega
Quien vive en Madrid y ha esperado una operación sabe lo que es mirar el reloj. Esta semana, además, el debate ha dado un giro inesperado: la propia ministra de Sanidad, Mónica García, y el mayor sindicato médico de la región, Amyts, han coincidido en reconocer algo que hasta ahora se quedaba en sospechas. Ajustar las listas de espera quirúrgicas para lucir mejores indicadores, dicen, es una práctica habitual y, sobre todo, sin consecuencias legales.
El detonante ha sido la denuncia de cirujanos del hospital Ramón y Cajal, quienes aseguran que responsables del centro alteraron el sistema informático sin contar con ellos, rebajando la gravedad asignada a decenas de enfermos para maquillar las estadísticas del hospital. Según la información adelantada por El País, hay al menos 57 casos confirmados y entre ellos figura el de una niña de apenas tres años.
¿Qué supone ese cambio sobre el papel? Que un paciente clasificado en prioridad preferente, con un máximo de 90 días para entrar a quirófano, pasaba a prioridad normal, lo que estira el plazo hasta 180 días. Y todo ello, subrayan los denunciantes, sin que ningún facultativo reevaluara clínicamente al afectado ni tuviera conocimiento del movimiento.
“Ni es nuevo ni está penalizado”
Fue en X donde la ministra resumió su postura: manipular las listas de espera engañando a cirujanos y pacientes “ni es nuevo ni está penalizado”. Ángela Hernández, de Amyts, fue más allá al asegurar que no se trata de algo exclusivo de Madrid, sino que otras comunidades autónomas hacen lo mismo. “Nos hacemos trampa con los indicadores”, ha admitido la también cirujana, que insiste en que su sindicato lleva años avisando de esta situación. De hecho, tras la pandemia, Amyts y CC.OO. ya acusaron un maquillaje de los datos cuando las cifras de espera habían bajado.
¿Y por qué se hace? Hernández lo tiene claro: los hospitales deben cumplir los objetivos marcados por la consejería y, si no lo logran, ven reducido su presupuesto, un riesgo que pocos centros pueden asumir en la situación actual. A ello se suman, según la sindicalista, gratificaciones económicas para los jefes de equipo que alcanzan las metas fijadas.
La respuesta de la Consejería
Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se rechazan de plano estas injerencias. Su argumento es que la gestión de las listas corresponde a los servicios asistenciales, no a la dirección del centro. Además, esgrimen sus propios números para defenderse: una demora media estructural de 57,26 días y 114.627 pacientes pendientes de una intervención, cifras que sitúan a la región, según destacan, entre las mejores de España.
Mientras tanto, desde el Gobierno central se intentaba poner coto a esta forma de contar. El pasado julio, Sanidad llevó al Consejo Interterritorial nuevos criterios de transparencia y trazabilidad del real decreto de listas de espera, pero las comunidades pidieron más tiempo para evaluarlo y el texto no salió aprobado. Volverá a debatirse en ese foro.
En Madrid, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública lleva “años” denunciando que las cifras oficiales no reflejan toda la realidad que viven los pacientes, y critica una gestión excesivamente pendiente de maquillar los datos y demasiado poco centrada en acortar de verdad los tiempos de espera.
¿Qué puede hacer un paciente mientras tanto?
Más allá del pulso político, lo que preocupa a muchos vecinos es algo más cotidiano: dónde está su nombre en la lista y con qué prioridad. Si estáis esperando una intervención, nunca está de más preguntar en vuestro hospital por la clasificación actual de vuestro caso, pedir que quede reflejada por escrito y consultar qué ocurre si vuestro estado empeora. Conservar toda la documentación clínica relacionada con la espera también puede ahorraros más de un disgusto.
El caso del Ramón y Cajal ha destapado una caja que, según admiten hasta los responsables sanitarios y los sindicatos, llevaba mucho tiempo entreabierta. Ahora queda por ver si las promesas de transparencia acaban traduciéndose en cambios reales para quienes aguardan una operación en Madrid, o si, como ha ocurrido otras veces, todo se queda en estadísticas.
