Miles de trabajadores de Airbus marchan en Madrid para exigir una negociación de verdad
La capital ha sido este sábado escenario de un pulso laboral de primer nivel. Unas 5.000 personas, según la cifra que maneja UGT, han recorrido el camino entre la plaza de Colón y el Ministerio de Industria para mostrar su rechazo al preacuerdo alcanzado con la dirección de Airbus y exigir una negociación «real» que permita recuperar el poder adquisitivo.
Detrás de la convocatoria están UGT, CGT y ÚTIL, los tres sindicatos minoritarios del comité de empresa de la compañía aeroespacial, que suman en torno al 25% de los delegados. El lema escogido, «No se para», remite directamente a la huelga indefinida que se viene desarrollando por etapas y que todavía no ha dicho su última palabra.
El conflicto no nace ahora: se arrastra desde antes del verano. Estos mismos sindicatos ya movilizaron a cerca de 4.000 trabajadores por las calles de Getafe el pasado julio, y la marcha de este sábado confirma que la tensión entre plantilla y empresa sigue plenamente viva.
Qué propone la empresa y por qué no convence
El preacuerdo cuestionado contempla una subida salarial del 7,95% repartida en cuatro años. Los convocantes matizan que el incremento efectivo sería algo superior, porque cada revisión anual se aplica sobre el salario ya mejorado. Se añade una paga no consolidable de 2.000 euros brutos, que se abonará en octubre como compensación por el retraso de tres meses en aplicar el IPC correspondiente al periodo de enero a abril de 2026.
El texto mantiene además el modelo actual de teletrabajo de dos días por semana y no modifica el sistema de vacaciones. Pese a ello, para los sindicatos disidentes la oferta se queda corta.
«Efecto abril», Proyecto Bromo y cargas de trabajo
Juan Pedro Torres, representante de CGT, ha resumido el malestar: el acuerdo «se queda a medio camino» y deja «muchas cosas en el aire», empezando por la recuperación del IPC real y la carga de trabajo en Cádiz. También ha cargado contra el referéndum previsto, que a su juicio busca «legitimar este proceso» pese a que el comité de huelga no ha participado en una negociación directa con la compañía.
Por su parte, Marc Vidal, de ÚTIL, ha recordado que el preacuerdo omite varias reivindicaciones, entre ellas las relativas a los trabajadores del Proyecto Bromo y a determinadas condiciones salariales. Su crítica principal apunta al llamado «efecto abril»: si la retribución empieza a computarse desde ese mes en lugar de enero, advierte, el resultado será «una pérdida salarial para todos los trabajadores».
Huelga en pausa y consulta a las puertas
El paro indefinido comenzó el 25 de agosto, pero los sindicatos del comité de huelga decidieron pausarlo a partir del 9 de septiembre, aunque la plantilla había votado por un margen estrecho a favor de mantenerlo. Antes, el 4 de septiembre, las organizaciones mayoritarias —CC.OO., ATP y Sipa— habían aceptado la última propuesta de la dirección, que incluye someter el acuerdo a consulta de todo el personal.
Aquel entendimiento se cerró en el Ministerio de Industria con el ministro Jordi Hereu como testigo. La consulta, prevista para las próximas semanas, marcará el rumbo del conflicto.
Las voces de la cabecera de la marcha
Gema Moreno, secretaria general de UGT en Airbus, se mostró contundente al llegar al Ministerio: «La gente está muy enfadada por la actitud de la empresa». Sobre el seguimiento de la protesta en Madrid, defendió que «no se ha desinflado la huelga» y subrayó que la marcha da esperanzas para lograr el rechazo a las propuestas en el referéndum. Su exigencia es concreta: que la empresa exhiba el texto definitivo «con todos los detalles para saber qué votar».
En la posición contraria, CC.OO. valoró de forma positiva la propuesta y sostuvo en un comunicado que responde a sus reivindicaciones salariales y laborales, aportando «garantías sobre el empleo, las cargas de trabajo, las inversiones y el futuro industrial» de Airbus España. ATP y Sipa respaldan igualmente el acuerdo.
Para dimensionar el conflicto conviene recordar que Airbus emplea en España a más de 14.500 personas, repartidas entre Getafe —cerca de 9.000 trabajadores—, Illescas (Toledo), Albacete, Puerto de Santa María (Cádiz) y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo. En la región, la planta de Tres Cantos, sede de Airbus Crisa, queda fuera de este conflicto laboral.
El Estado, a través de la SEPI, posee un 4,09% del grupo, cuya mayor accionista es la sociedad que controla el Estado francés (Sogepa, con un 10,83%), seguida del banco público alemán KFW (10,82%). Con ese trasfondo, quienes transitaban este sábado por el eje de Colón asistieron a una nueva muestra de que el pulso entre Airbus y parte de su plantilla está lejos de acabar: la palabra final la tendrán los trabajadores cuando se pronuncien en la consulta.
