Madrid se echa a la calle para impedir que Maricarmen, de 87 años, pierda su casa
La mañana ha arrancado con tensión en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Allí, desde primera hora, se ha concentrado una marea humana dispuesta a impedir el cuarto intento de lanzamiento de Maricarmen, una vecina de 87 años que ha pasado prácticamente toda su vida en ese piso y que tiene reconocida una discapacidad del 50%.
La Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo con antidisturbios frente al edificio, mientras decenas de activistas permanecían sentados ante el portal para dificultar el acceso de la comisión judicial. Alrededor del cordón no dejaban de llegar vecinos y simpatizantes, después de una noche de vigilia y acampada convocadas por el Sindicato de Inquilinas.
Gritos, cargas y una orden firmada
La concentración ha ido ganando gente minuto a minuto. Entre consignas como «el pueblo unido jamás será vencido» o peticiones de más empatía y menos policía, algunos asistentes han intentado en varios momentos saltarse el perímetro para acercarse a la puerta. También se han escuchado abucheos a los agentes y cánticos dirigidos a la presidenta de la Comunidad, como el de «el ático de Ayuso, para Maricarmen». En primera línea se han dejado ver rostros conocidos, como los del cómico Ignatius Farray y la presentadora Inés Hernand, mientras activistas del sindicato se situaban en distintas plantas del bloque.
El lanzamiento, aplazado en un primer momento hasta las 9:30, se ha demorado casi una hora más. Pasado ese tiempo, la comisión judicial ha firmado la orden y los agentes han entrado en el inmueble para desalojar a la anciana y a quienes la acompañaban. Antes ha habido empujones: los efectivos apartaron a la prensa acreditada, en contra de lo que había señalado la Delegación del Gobierno, y realizaron las primeras cargas. En un momento dado, un activista logró cruzar la barrera y varios policías se lanzaron tras él.
Setenta años de historia en un piso de renta antigua
La relación de Maricarmen con esta vivienda arranca en 1956, cuando su padre firmó el contrato de alquiler. Tras su muerte, el arrendamiento pasó a su esposa y después a su hija, que estuvo pagando durante casi veinte años una renta actualizada según el IPC, además del IBI y otros gastos, dentro de los llamados contratos de renta antigua.
El conflicto estalló en 2018, cuando el edificio cambió de manos y pasó a la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L. Según denuncian los colectivos que apoyan a la inquilina, la nueva propiedad exigió una subida importante: reclama ahora 2.650 euros mensuales, frente a los cerca de 500 que paga actualmente, una cifra inasumible para ella. Aunque los tribunales le dieron la razón en primera instancia, el caso acabó en el Tribunal Supremo, que falló a favor de la propiedad.
Su caso se ha convertido en uno de los símbolos de las movilizaciones por la vivienda en la ciudad. Desde dentro de su casa, y visiblemente emocionada, Maricarmen ha agradecido a quienes velaron toda la noche ante su portal y ha pedido que la protesta se mantenga siempre pacífica. «No me olvido de vosotros y estoy oyendo todos vuestros ruidos», ha dicho, antes de reprochar a los dueños del inmueble que su único interés sea ganar dinero y de recordarles que sus propios padres podrían vivir algún día una situación parecida.
Presión institucional y una propuesta inesperada
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana reclamó este martes al Ayuntamiento y a la Comunidad que intervinieran para evitar el desalojo, y respaldó el requerimiento de Naciones Unidas para suspender el lanzamiento o garantizar a la mujer una alternativa habitacional adecuada. Desde el Consistorio, en cambio, rechazan las críticas y sostienen que los servicios sociales hacen un seguimiento continuado del caso: el informe de vulnerabilidad se emitió en octubre de 2025 a petición del juzgado, la vecina recibe prestaciones municipales como la ayuda a domicilio y se le habrían ofrecido varios recursos de alojamiento que rechazó. El Samur Social ha permanecido presente durante el operativo y, si el desalojo llegara a ejecutarse, el Ayuntamiento asegura que volverá a ofrecerle su asistencia de emergencia social.
En paralelo ha surgido una vía sorprendente para parar el lanzamiento a última hora. Una conocida escritora, que prefiere guardar el anonimato, contactó con el Sindicato de Inquilinas para sufragar parte del alquiler que exige la propiedad: así, Maricarmen seguiría abonando sus 500 euros y la escritora asumiría los 2.150 euros restantes hasta completar los 2.650 reclamados. Desde el sindicato aseguran que está dispuesta a pagar «hasta el fin de sus días» y que ya han trasladado la oferta a la empresa, a la espera de respuesta.
Mientras tanto, la concentración no decaía frente al inmueble. La vecindad aferra sus esperanzas a esa última propuesta para que una mujer que lleva más de setenta años viviendo en su casa no tenga que abandonarla.
