Educación

Neutralidad en las aulas: la Comunidad de Madrid limita la acción sindical del profesorado

La Comunidad de Madrid veta al profesorado promover huelgas desde las aulas o canales oficiales y activa un protocolo de incidencias en los centros.

La Comunidad de Madrid fija nuevos límites de neutralidad al profesorado en plena huelga educativa

Quienes enseñan en los colegios e institutos públicos de Madrid tienen desde este viernes una especie de manual sobre lo que pueden y no pueden hacer en el ejercicio de su trabajo. La Consejería de Educación ha hecho llegar a los centros unas instrucciones de obligado cumplimiento que prohíben utilizar las aulas, las tutorías o los canales oficiales con las familias para promover protestas, paros o reivindicaciones sindicales. La medida coincide con la huelga indefinida de la enseñanza pública, que arrancó el pasado 14 de octubre.

El documento, de once páginas y firmado por el viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, parte de una idea que se repite como lema: la escuela pública pertenece a todos, debe ser neutral y su misión es educar, no orientar la opinión ideológica de nadie. Va dirigido a las direcciones de Área Territorial, a la Inspección Educativa y a los equipos directivos de los centros no universitarios de la región.

Qué queda expresamente vetado

La lista de conductas incompatibles con esa neutralidad es larga. Se prohíbe pedir o animar al alumnado a sumarse a concentraciones, recogidas de firmas o campañas ligadas a un conflicto político, ideológico o sindical, y también presionarles para participar. Tampoco podrán los docentes aprovechar clases, tareas, lecturas, exámenes o actividades complementarias para buscar el apoyo de los estudiantes hacia una de las partes.

Las restricciones traspasan la puerta del aula: no se podrán usar las plataformas oficiales Raíces, Roble o EducaMadrid, las webs de los centros, sus redes institucionales, las circulares, las reuniones con familias o el correo corporativo para difundir manifiestos. Igualmente queda vetado recurrir a fotocopiadoras, papel o equipos informáticos del centro para elaborar propaganda entre alumnos y padres.

Símbolos personales sí, captación de adhesiones no

La imagen de los edificios también entra en el paquete: no se podrán colocar pancartas, carteles o símbolos en fachadas, vallas o espacios comunes cuando sugieran que el centro respalda institucionalmente una huelga, un partido o una reivindicación concreta. La excepción son los tablones sindicales previstos por la ley y los materiales curriculares o trabajos de los estudiantes.

Sí podrán los profesores seguir luciendo camisetas reivindicativas, como las de la Marea Verde, chapas o lazos, siempre que no vayan acompañadas de acciones para captar la adhesión de los menores. El texto también veta los juicios de valor ante alumnos y familias sobre compañeros que secundan el paro o que acuden a trabajar, y las invitaciones durante el horario lectivo a personas externas para movilizar a los estudiantes.

Un formulario para reportar incidencias

Otra novedad relevante es el mecanismo de control. Los directores deberán trasladar a la Dirección de Área Territorial las incidencias que afecten a la neutralidad docente o supongan un uso indebido de instalaciones y recursos, para lo que la Comunidad ha incluido un formulario específico como anexo. Familias, alumnos y personal también podrán comunicar posibles incumplimientos.

Recibida la comunicación, la Inspección Educativa hará una primera valoración en un plazo orientativo de diez días hábiles y decidirá si abre comprobaciones, archiva el asunto o lo eleva al órgano competente. En los casos graves, los inspectores podrán visitar el centro y proponer medidas urgentes si existe perjuicio inmediato para los alumnos. Queda prohibido recopilar datos de afiliación sindical o de participación individual en la huelga.

Sin sanciones automáticas y con derechos garantizados

Las instrucciones no crean infracciones nuevas ni permiten sancionar de forma automática, aunque los incumplimientos acreditados que encajen en faltas ya previstas podrán derivar en responsabilidades disciplinarias conforme al Estatuto Básico del Empleado Público. La Consejería defiende que las limitaciones son compatibles con la libertad de expresión, de cátedra, sindical y de huelga: los docentes podrán responder a las preguntas de sus alumnos con información objetiva, breve y adaptada a su edad, sin buscar convencerles, y se mantienen las reuniones sindicales en los espacios habilitados.

El contexto y las primeras reacciones

La decisión llega con la enseñanza pública madrileña movilizada desde el 14 de octubre en una huelga indefinida convocada por CCOO y UGT, junto a otras organizaciones minoritarias y plataformas educativas, y después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya advirtiera por el uso de pancartas y mensajes políticos en los centros. La primera respuesta sindical conocida es la de CSIF, que reivindica una educación libre de adoctrinamiento pero rechaza que se ponga bajo sospecha al profesorado, critica las instrucciones que generen presión o desconfianza y recuerda que la neutralidad también obliga a la Administración.

La entrada en vigor está fijada para este viernes, un día después de la firma, y los equipos directivos deberán trasladarla a claustros, personal y familias. La Consejería pretende, en definitiva, delimitar dónde termina la libertad de los docentes y dónde empieza, a su juicio, la obligación de que los centros no se conviertan en escenario de campañas de captación de adhesiones.