El conflicto entre las educadoras en huelga y el equipo de gobierno municipal subió esta semana un escalón más. Durante el Pleno celebrado en Cibeles, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, denunció que 37 escuelas infantiles repartidas por 17 distritos de la capital han sufrido daños y que algunas no llegaron a abrir sus puertas este lunes, en plena huelga indefinida del colectivo.
Qué ha ocurrido en los centros
Según el relato del responsable municipal, los desperfectos detectados van desde mecanismos de cierre obturados con palillos, silicona y adhesivo hasta pintadas en las paredes y porteros automáticos estropeados. Fernández añadió una acusación de mayor calado: que durante esa misma jornada no se respetaron los servicios mínimos, de modo que el servicio educativo no llegó a prestarse en algunos centros.
El contexto explica la gravedad del momento. Las educadoras mantienen un paro indefinido desde el pasado mes de abril, con Más Madrid y el PSOE apoyando la protesta. Y el horizonte se complica todavía más: a partir del 14 de octubre está previsto un paro en la educación pública madrileña que podría extender el conflicto más allá de estas instalaciones.
Preguntas incómodas a la oposición
El delegado no se quedó en la descripción de los hechos y llevó el debate al terreno político. Preguntó directamente a las bancadas de Más Madrid y del PSOE, grupos que respaldan la protesta, si consideran aceptable que 37 escuelas de 17 distritos amanezcan vandalizadas. Además, se interrogó en voz alta sobre la naturaleza de esta huelga e ironizó preguntando qué relación guardan las escuelas infantiles con las banderas palestinas, los desahucios o las acampadas en la plaza de Sol, rematando con sorna que la culpa de todo la tiene el Partido Popular.
La respuesta del Grupo Socialista
La réplica no se hizo esperar. La concejala socialista María Caso respondió que, en efecto, se trata de una huelga política: una respuesta política a otra acción política, la que a su juicio está asfixiando la educación pública. La edil calificó el paro como una medida de defensa propia y exigió al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que constituyese ese mismo día una mesa de negociación con las educadoras.
Caso recordó que quienes sostienen los centros cobran entre 600 y 800 euros y trabajan en condiciones que definió como imposibles, y subrayó que la protesta continúa pese a esas cifras. En su intervención, la socialista se dirigió directamente a Fernández para acusarle de atribuir falsamente hechos muy graves a las educadoras, y advirtió de que el gobierno intentará despreciar la próxima huelga del sector educativo igual que, según ella, llevan mucho tiempo despreciando a estas trabajadoras.
Su mensaje final fue de amplio alcance: entre profesorado, alumnado y familias, avisó, en esta huelga en defensa propia se juega el futuro millones de madrileños y madrileñas.
Tensión también en la tribuna
El calor del debate trascendió la bancada. Desde la tribuna de invitados, donde se encontraban varias educadoras en huelga, se escucharon gritos durante la sesión, hasta que el presidente del Pleno, Borja Fanjul, ordenó el desalojo del recinto.
Qué significa esto para las familias
Para los hogares con niños pequeños matriculados en las escuelas infantiles de la ciudad, la situación genera una incertidumbre evidente: aulas que de repente no abren, la necesidad de buscar alternativas de último momento para la conciliación y la vista puesta en el paro del 14 de octubre en la educación pública.
Con las posiciones tan alejadas, todo apunta a que la mesa de negociación exigida por el PSOE será la clave de las próximas semanas. Los vecinos y vecinas de Madrid seguiremos pendientes de cómo evoluciona un pulso que ya se nota en las puertas de las escuelas.
